Un total de 696 cadáveres fueron recuperados en el mar o en la costa española durante los años 2000 y 2009, según se recoge en una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno central a la que tuvo acceso Europa Press, si bien en la misma no se especifican los motivos que causaron las muertes. Según estos mismos datos, las cifras han variado a lo largo de los años, pero no tienen una tendencia definida. Así, en el año 2000 fueron 102 los cadáveres recuperados, en 2001 el balance fue de 71, la cifra siguió bajando en 2002 con 62, pero subió considerablemente en el siguiente ejercicio, 2003, con 108 cadáveres.
En 2004 de nuevo la cifra se situaba por debajo del centenar con 99, registrando los dos años siguientes las estadísticas más bajas con 36 cadáveres recuperados en 2005 y tan sólo 18 en 2006. El último trienio también ha oscilado siempre por debajo del centenar con 67 recuperados en 2007, 74 en 2008 y 59 en 2009.
Por otra parte, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron en el pasado ejercicio un total de 401 embarcaciones empleadas para el traslado de inmigrantes ilegales a las costas españolas, y 130 vehículos destinados a esta actividad, según se recoge en una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno a la que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, la Guardia Civil incautó un total de 399 embarcaciones durante el pasado ejercicio, de las cuales 184 han sido destruidas mientras que las 215 restantes fueron puestas a disposición judicial, según indica el Ejecutivo. Asimismo, en el capítulo referente a los vehículos empleados también para la inmigración ilegal, el Instituto Armado intervino un total de 27, quedando todos ellos a disposición de la Justicia.
En la respuesta redactada por el Gobierno, también se incluyen las labores de las Unidades Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) y las Brigadas Provinciales de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía que incautaron un total de 93 vehículos y dos embarcaciones. En este caso, los vehículos se encuentran en depósito, a disposición de la autoridad judicial, salvo uno de ellos que, con autorización judicial, está siendo utilizado por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza, indica la respuesta parlamentaria.
Fuente: Europa Press
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