Queen, nigeriana, llegó a Motril (Granada) en patera junto a otras
mujeres y, una vez atendida en la costa, fue enviada a un Centro de
Internamiento de Extranjeros. Aunque era menor, fue declarada mayor de
edad después de que le realizaran una radiografía y revisaran sus partes
íntimas. Poco después fue deportada en avión a Lagos (Nigeria), donde
la recogió un familiar del hombre de la red de trata que la había
llevado a España la primera vez y le dijo que, si no volvía, mandaría a
unas personas a que la matasen. El testimonio de Queen es uno de los que ha recabado Women’s Link
Worldwide, una organización de defensa de Derechos Humanos, para
denunciar que el Estado español está fallando en las labores de
identificación de víctimas de trata, en su mayoría nigerianas, y que las
deporta a su país sin valorar el riesgo que esto supone para
ellas.Todas las conclusiones de la investigación realizada por la
organización durante los últimos diez años están recogidas en el informe
La trata de mujeres y niñas nigerianas: esclavitud entre fronteras y
prejuicios, presentado este miércoles en Madrid.
El ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad detectó en 2012 a 12.305 personas en riesgo de sufrir trata, la mayoría mujeres, aunque Cáritas aumenta la cifra a 40.000. Ese mismo año fueron detenidas 195 personas por haber traficado con seres humanos. De ellas, el 10% eran de nacionalidad nigeriana, según datos del Plan Integral contra la Trata con Fines de Explotación Sexual. La trata de personas es un delito y una grave violación de los Derechos Humanos. Puede darse con fines de explotación laboral, sexual o para ejercer la mendicidad, y constituye una forma moderna de esclavitud y una de las más crueles manifestaciones de violencia de género. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que, entre 2002 y 2012, el número de víctimas de explotación alcanzó los 20,9 millones, un 57% mujeres. Nigeria es, a nivel global, el país del que provienen más víctimas junto con China.
Según Women’s Link Worlwide, el desconocimiento de las autoridades españolas de las características sociales, económicas y culturales de las víctimas nigerianas llevan a que constantemente se falle en los procesos de detección de posibles víctimas. “La identificación es fundamental, es un cuello de botella. Una mujer que haya sido reconocida como víctima de trata tiene acceso a una serie de derechos, pero si no es identificada como tal, no sirve para nada todo el articulado posterior”, ha explicado Gema Fernández, abogada de la asociación.
Si una persona se encuentra en situación administrativa irregular y no tiene claro si quiere denunciar a la red, puede acabar deportada en su país de origen. La Administración concede un periodo de reflexión de 30 días. Si al cabo de ese tiempo la posible víctima decide denunciar, puede eludir el expediente sancionador por estancia irregular e incluso solicitar un permiso de residencia y de trabajo pero, si no colabora, el procedimiento de expulsión continuará adelante y finalizará con la deportación al país de origen. “Las autoridades ejecutan expulsiones de ciudadanas nigerianas a su país de forma no segura cuando consideran que no son víctimas de trata, a pesar de la existencia de indicios que señalan las organizaciones en determinados casos, o las alegaciones de las propias mujeres”, indica el informe.
¿Por qué no denuncian las víctimas a sus explotadores?. Generalmente, por miedo: En 2011, un año después de la reforma de la Ley de Extranjería que prevé protección para quienes denuncian a sus explotadores, 669 mujeres de 752 rehusaron —un 90%—, según fuentes policiales. En el caso de la mujer nigeriana, influyen diversos factores. Nigeria es un país muy desigual: el 1% de la población se beneficia del 80% de la riqueza del país y más de la mitad vive en la pobreza. En este contexto, es frecuente que las mujeres y niñas se vean sometidas a distintos tipos de violencia sexual, incluso en el ámbito familiar. La elevada tasa de corrupción, además, afecta directamente a las víctimas de trata, puesto que se ha denunciado la connivencia de algunas autoridades con las redes que trafican con mujeres.
En Nigeria, además, la pertenencia a una comunidad tiene un valor especial: el beneficio del colectivo es más importante que las necesidades y deseos personales. Esta concepción del individuo, unido a la existencia del juju o magia vudú, ayuda a entender el apego de las mujeres nigerianas con sus tratantes. “En Edo State (Nigeria), la trata se haconvertido en una parte de la construcción social. La riqueza provenía de la trata, daba beneficios económicos a la comunidad y ventajas a sus integrantes y a algunas mujeres”, ha explicado Helena Maleno, una de las autoras de la investigación. El vudú o juju es el hilo invisible que mantiene a estas mujeres atadas a sus traficantes y que las impide huir. Es un ritual religioso en el que la víctima jura cumplir con un contrato que la obliga a guardar silencio y lealtad a la red, a obedecer a sus miembros y a pagar la deuda impuesta por la misma, que puede ascender a los 60.000 euros. Quebrantar este contrato trae consecuencias espirituales y materiales, como la muerte de los seres queridos. Otra de las maneras de coacción que el estudio de Women’s Link ha identificado son las amenazas contra los hijos de las víctimas, que en muchas ocasiones quedan bajo la custodia de los tratantes o de las madames, mujeres que se encargan de la explotación de la víctima en el país de destino y que en muchos casos fueron víctimas en su día.
Para evitar las devoluciones sin garantías, la ONG ha indicado que las Fuerzas de Seguridad del Estado deberían conocer mejor el contexto del que provienen estas mujeres para valorar mejor si conviene deportarlas o no. “Al expulsarlas sin adoptar ninguna medida de protección y sin notificar a las autoridades nigerianas, el Estado español expone a estas mujeres a un riesgo de sufrir daños irreparables, prohibidos por diversas normas internacionales”, reza el informe. Las mujeres que son deportadas sin haber pagado la deuda son estigmatizadas por haber vuelto empobrecidas y por haber ejercido la prostitución en Europa. Además, carecen de oportunidades para rehacer su vida y reintegrarse en la sociedad porque las circunstancias que favorecieron su explotación continúan siendo las mismas. “Su situación es tan dura que vuelven a buscar a las redes para salir de ella”, ha explicado Maleno. La investigadora ha aludido al fenómeno del re – trafficking, que es cuando la mujer deportada es recogida por sus traficantes para volver a explotarla.
Publicado en el diario El País
Autor: Lola Hierro
El ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad detectó en 2012 a 12.305 personas en riesgo de sufrir trata, la mayoría mujeres, aunque Cáritas aumenta la cifra a 40.000. Ese mismo año fueron detenidas 195 personas por haber traficado con seres humanos. De ellas, el 10% eran de nacionalidad nigeriana, según datos del Plan Integral contra la Trata con Fines de Explotación Sexual. La trata de personas es un delito y una grave violación de los Derechos Humanos. Puede darse con fines de explotación laboral, sexual o para ejercer la mendicidad, y constituye una forma moderna de esclavitud y una de las más crueles manifestaciones de violencia de género. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que, entre 2002 y 2012, el número de víctimas de explotación alcanzó los 20,9 millones, un 57% mujeres. Nigeria es, a nivel global, el país del que provienen más víctimas junto con China.
Según Women’s Link Worlwide, el desconocimiento de las autoridades españolas de las características sociales, económicas y culturales de las víctimas nigerianas llevan a que constantemente se falle en los procesos de detección de posibles víctimas. “La identificación es fundamental, es un cuello de botella. Una mujer que haya sido reconocida como víctima de trata tiene acceso a una serie de derechos, pero si no es identificada como tal, no sirve para nada todo el articulado posterior”, ha explicado Gema Fernández, abogada de la asociación.
Si una persona se encuentra en situación administrativa irregular y no tiene claro si quiere denunciar a la red, puede acabar deportada en su país de origen. La Administración concede un periodo de reflexión de 30 días. Si al cabo de ese tiempo la posible víctima decide denunciar, puede eludir el expediente sancionador por estancia irregular e incluso solicitar un permiso de residencia y de trabajo pero, si no colabora, el procedimiento de expulsión continuará adelante y finalizará con la deportación al país de origen. “Las autoridades ejecutan expulsiones de ciudadanas nigerianas a su país de forma no segura cuando consideran que no son víctimas de trata, a pesar de la existencia de indicios que señalan las organizaciones en determinados casos, o las alegaciones de las propias mujeres”, indica el informe.
¿Por qué no denuncian las víctimas a sus explotadores?. Generalmente, por miedo: En 2011, un año después de la reforma de la Ley de Extranjería que prevé protección para quienes denuncian a sus explotadores, 669 mujeres de 752 rehusaron —un 90%—, según fuentes policiales. En el caso de la mujer nigeriana, influyen diversos factores. Nigeria es un país muy desigual: el 1% de la población se beneficia del 80% de la riqueza del país y más de la mitad vive en la pobreza. En este contexto, es frecuente que las mujeres y niñas se vean sometidas a distintos tipos de violencia sexual, incluso en el ámbito familiar. La elevada tasa de corrupción, además, afecta directamente a las víctimas de trata, puesto que se ha denunciado la connivencia de algunas autoridades con las redes que trafican con mujeres.
En Nigeria, además, la pertenencia a una comunidad tiene un valor especial: el beneficio del colectivo es más importante que las necesidades y deseos personales. Esta concepción del individuo, unido a la existencia del juju o magia vudú, ayuda a entender el apego de las mujeres nigerianas con sus tratantes. “En Edo State (Nigeria), la trata se haconvertido en una parte de la construcción social. La riqueza provenía de la trata, daba beneficios económicos a la comunidad y ventajas a sus integrantes y a algunas mujeres”, ha explicado Helena Maleno, una de las autoras de la investigación. El vudú o juju es el hilo invisible que mantiene a estas mujeres atadas a sus traficantes y que las impide huir. Es un ritual religioso en el que la víctima jura cumplir con un contrato que la obliga a guardar silencio y lealtad a la red, a obedecer a sus miembros y a pagar la deuda impuesta por la misma, que puede ascender a los 60.000 euros. Quebrantar este contrato trae consecuencias espirituales y materiales, como la muerte de los seres queridos. Otra de las maneras de coacción que el estudio de Women’s Link ha identificado son las amenazas contra los hijos de las víctimas, que en muchas ocasiones quedan bajo la custodia de los tratantes o de las madames, mujeres que se encargan de la explotación de la víctima en el país de destino y que en muchos casos fueron víctimas en su día.
Para evitar las devoluciones sin garantías, la ONG ha indicado que las Fuerzas de Seguridad del Estado deberían conocer mejor el contexto del que provienen estas mujeres para valorar mejor si conviene deportarlas o no. “Al expulsarlas sin adoptar ninguna medida de protección y sin notificar a las autoridades nigerianas, el Estado español expone a estas mujeres a un riesgo de sufrir daños irreparables, prohibidos por diversas normas internacionales”, reza el informe. Las mujeres que son deportadas sin haber pagado la deuda son estigmatizadas por haber vuelto empobrecidas y por haber ejercido la prostitución en Europa. Además, carecen de oportunidades para rehacer su vida y reintegrarse en la sociedad porque las circunstancias que favorecieron su explotación continúan siendo las mismas. “Su situación es tan dura que vuelven a buscar a las redes para salir de ella”, ha explicado Maleno. La investigadora ha aludido al fenómeno del re – trafficking, que es cuando la mujer deportada es recogida por sus traficantes para volver a explotarla.
Publicado en el diario El País
Autor: Lola Hierro
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