Desde hace algunos años, el Gobierno y las ONG
discuten sobre la existencia de redadas masivas e indiscriminadas de
inmigrantes. Las organizaciones aseguran que, para detectar extranjeros
sin papeles, la policía identifica a ciudadanos por la calle y en
lugares concurridos, como paradas de autobús o metro, basándose en el
color de la piel y el aspecto físico. Las autoridades aseguran que no es así (el ministro del Interior,
Jorge Fernández, insistió este domingo en ello tras la clausura del
Congreso sobre Memoria y Convivencia en Bilbao) y que las
identificaciones tienen que ver solo con la prevención del delito.
A pesar de que supuestamente no había ningún problema, la Dirección General de la Policía publicó este domingo una circular que prohíbe las redadas indiscriminadas y las identificaciones basadas en criterios étnicos. El objetivo de poner por escrito estos criterios es para que resulten “claros y directos” ante los agentes y “evitar así cualquier interpretación imprecisa” que pueda derivar en una “práctica que conlleve una restricción indebida de los derechos y libertades de los inmigrantes”. Otro objetivo es “eliminar cualquier ambigüedad en el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos y libertades”, así como reiterar “la prohibición de actuaciones innecesarias, arbitrarias, abusivas o que supongan una extralimitación de las facultades que el ordenamiento jurídico otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, señala la circular de Interior.
Las denuncias por presuntas redadas ilegales han sido múltiples, hasta el punto de que el Defensor del Pueblo remitió a finales del año pasado una recomendación a la Dirección General de la Policía en la que pedía “que se impartan las instrucciones oportunas a fin de erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales”. Y que, además, “se arbitren mecanismos de control a posteriori sobre las prácticas de identificación en la vía pública”.
La circular incluye, asimismo, una recomendación del Defensor del Pueblo: la “improcedencia” de trasladar a dependencias policiales a extranjeros a los que se haya identificado en la calle, aunque no tengan los papeles en regla y se constate su estancia irregular en España, si el afectado ha podido comprobar su identidad -es decir, si está documentado- y puede justificar un domicilio.
Sobre este punto, el Defensor del Pueblo señalaba, en su último informe anual, que había recomendado a la Policía que cesara en “la detectada práctica” de detener y conducir a comisaría “a ciudadanos extranjeros” que habían sido identificados. Una vez en comisaría, según el Defensor del Pueblo, lo habitual era incoarles “un expediente sancionador por estancia irregular en territorio nacional”. Algo que, explicaba, no puede hacerse “ante una mera infracción administrativa”.
Publicado en el diario El País
Autor: Mónica Ceberio Belaza
A pesar de que supuestamente no había ningún problema, la Dirección General de la Policía publicó este domingo una circular que prohíbe las redadas indiscriminadas y las identificaciones basadas en criterios étnicos. El objetivo de poner por escrito estos criterios es para que resulten “claros y directos” ante los agentes y “evitar así cualquier interpretación imprecisa” que pueda derivar en una “práctica que conlleve una restricción indebida de los derechos y libertades de los inmigrantes”. Otro objetivo es “eliminar cualquier ambigüedad en el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos y libertades”, así como reiterar “la prohibición de actuaciones innecesarias, arbitrarias, abusivas o que supongan una extralimitación de las facultades que el ordenamiento jurídico otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, señala la circular de Interior.
Las denuncias por presuntas redadas ilegales han sido múltiples, hasta el punto de que el Defensor del Pueblo remitió a finales del año pasado una recomendación a la Dirección General de la Policía en la que pedía “que se impartan las instrucciones oportunas a fin de erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales”. Y que, además, “se arbitren mecanismos de control a posteriori sobre las prácticas de identificación en la vía pública”.
La circular incluye, asimismo, una recomendación del Defensor del Pueblo: la “improcedencia” de trasladar a dependencias policiales a extranjeros a los que se haya identificado en la calle, aunque no tengan los papeles en regla y se constate su estancia irregular en España, si el afectado ha podido comprobar su identidad -es decir, si está documentado- y puede justificar un domicilio.
Sobre este punto, el Defensor del Pueblo señalaba, en su último informe anual, que había recomendado a la Policía que cesara en “la detectada práctica” de detener y conducir a comisaría “a ciudadanos extranjeros” que habían sido identificados. Una vez en comisaría, según el Defensor del Pueblo, lo habitual era incoarles “un expediente sancionador por estancia irregular en territorio nacional”. Algo que, explicaba, no puede hacerse “ante una mera infracción administrativa”.
Publicado en el diario El País
Autor: Mónica Ceberio Belaza
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