Consideran que si se penalizara el fraude fiscal y mediante impuestos a las transacciones, se recaudarían unos 40.000 millones de euros, el equivalente a los recortes planteados. Esto supone una recaudación tres veces superior al recorte aplicado a las ayudas al desarrollo. La Alianza aprovecha para recordar que cientos de millones de personas son beneficiarias directas de la cooperación española. Además, para la organización no pasan desapercibidos los doce millones y medio de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Para garantizar sus derechos, piden que el PIB incluya un 30% al gasto social. Destaca, en la carta, la necesidad de mantener e igualar con la UE las partidas presupuestarias en educación y sanidad.
La organización recoge una amplia variedad de representantes de la sociedad civil, que luchan contra la pobreza y la exclusión social. El Estado debe adecuarse a la situación económica actual y afrontar su responsabilidad en los derechos constitucionales de la ciudadanía, según la carta. Resaltan también la importancia de avanzar en la recaudación fiscal a nivel proporcional. Por ello, aportan datos comparativos de recaudación en España y otros países.
Publicado en ElMundo.es
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