El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha denunciado que la mitad de las privaciones de libertad en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) no tiene "un fundamento legal", ya que estas instalaciones sirven de paso previo a la expulsión del país y, al final, menos del 50% de las personas recluidas llegan a ser deportadas. Así se desprende de un informe elaborado por la Comisión Jurídica del CGAE sobre el régimen vigente y las propuestas para un futuro marco normativo de los CIE presentado este martes por el presidente de la institución, Carlos Carnicer, y la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano. El texto apunta que de 16.590 personas internadas en 2009, "sólo" 8.935 fueron expulsadas.
"Si tenemos en cuenta que sólo la mitad o un poco más de los internamientos, un 53%, se materializan al final en expulsiones, veremos que casi la mitad de las personas están siendo privadas de libertad sin causa, y eso es muy grave en un Estado de Derecho que reconoce la libertad como primer derecho fundamental", ha explicado Carnicer. La Defensora del Pueblo ha señalado que estas cifras "demuestran que no tiene sentido seguir con las identificaciones policiales de extranjeros en la vía pública" para la expulsión de personas en situación irregular, ya que "el porcentaje de expulsiones es bajo". Además, considera que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno deberían "revisar" los criterios de que se sirven para imponer la sanción de expulsión visto su resultado.
Para el presidente del CGAE, aunque "han cambiado muchas cosas" en la última década y "pese a la crisis, el Estado de Bienestar se ha mantenido", en lo que "menos se ha avanzado" es en los Centros de Internamiento, donde "seres humanos de una forma absolutamente vital se adentran en una responsabilidad administrativa" que, en su opinión, "los poderes públicos sólo saben corregir con privación de libertad".
En este sentido, el informe denuncia que la "arbitrariedad de la actuación administrativa y la falta de un real y eficaz control jurisdiccional" en estas instalaciones policiales "vulneran los derechos de las personas internadas" y reclama que se clarifique la finalidad y naturaleza de los CIE así como que se elabore un registro "riguroso y fiable" de quienes son privados de libertad en ellos.
Fuente: Europa Press
"Si tenemos en cuenta que sólo la mitad o un poco más de los internamientos, un 53%, se materializan al final en expulsiones, veremos que casi la mitad de las personas están siendo privadas de libertad sin causa, y eso es muy grave en un Estado de Derecho que reconoce la libertad como primer derecho fundamental", ha explicado Carnicer. La Defensora del Pueblo ha señalado que estas cifras "demuestran que no tiene sentido seguir con las identificaciones policiales de extranjeros en la vía pública" para la expulsión de personas en situación irregular, ya que "el porcentaje de expulsiones es bajo". Además, considera que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno deberían "revisar" los criterios de que se sirven para imponer la sanción de expulsión visto su resultado.
Para el presidente del CGAE, aunque "han cambiado muchas cosas" en la última década y "pese a la crisis, el Estado de Bienestar se ha mantenido", en lo que "menos se ha avanzado" es en los Centros de Internamiento, donde "seres humanos de una forma absolutamente vital se adentran en una responsabilidad administrativa" que, en su opinión, "los poderes públicos sólo saben corregir con privación de libertad".
En este sentido, el informe denuncia que la "arbitrariedad de la actuación administrativa y la falta de un real y eficaz control jurisdiccional" en estas instalaciones policiales "vulneran los derechos de las personas internadas" y reclama que se clarifique la finalidad y naturaleza de los CIE así como que se elabore un registro "riguroso y fiable" de quienes son privados de libertad en ellos.
Fuente: Europa Press
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