Las personas con rentas bajas tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir una discapacidad que quienes disfrutan de una situación económica más acomodada, según evidencia el estudio 'Discapacidades e inclusión social', elaborado por el Colectivo Ioé (equipo de investigación social independiente) y editado por Obra Social La Caixa.
El trabajo se ha realizado a partir de la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) de 2008 y se ha presentado este jueves en Madrid. Señala, concretamente, que la tasa de discapacidades en los hogares españoles con ingresos inferiores a los 1.000 euros mensuales es del 8,4%, casi cuatro veces superior a la registrada en las familias que viven con más de 2.500 euros al mes, que se sitúa en el 2,4%.
Tal y como indicó en la presentación del informe Carlos Pereda, uno de sus autores, hay una correlación sistemática entre dos variables: a menos renta del hogar, mayor tasa de discapacidades. Y es que, explicó el autor del libro, hay discapacidades que proceden de enfermedades y las enfermedades requieren de cuidados y atenciones de los que los ciudadanos con rentas bajas no siempre disponen, o, al menos, no en la medida que sería necesario.
Pereda apuntó también que, pese a la "importante renta" aportada por más de un millón de pensiones de incapacidad, que percibe el 75% del colectivo, los ingresos medios por hogar son un 25% más bajos que en las familias sin discapacidad, ya que esas aportaciones no compensan la baja tasa de actividad que se registra en el grupo social de la discapacidad. Dentro de este aspecto, el de los ingresos y el empleo de las personas con discapacidad, el autor subrayó la desigualdad entre hombres y mujeres y afirmó que es una "de las más elevadas de la Unión Europea".
Con respecto al empleo, los autores del trabajo estiman que la tasa de paro de las personas con discapacidad era del 40% en 2011, el doble que la media de la población. También es más elevado entre estos ciudadanos el paro de larga duración -más de un año seguido buscando empleo- (57%) que entre la población desocupada en general (21%). En cuanto al tipo de empleo, las personas con discapacidad se concentran en mayor proporción en el tramo de los trabajos no cualificados, como limpieza, peonaje o conserjes, entre otros, y están menos presentes en los que requieren mayor cualificación (dirección de empresas o de la administración pública, técnicos y profesionales).
Otro hecho que constata este trabajo es el bajo nivel educativo que, en general, tiene el colectivo de personas con discapacidad. Del millón y medio de ciudadanos en edad laboral en 2008, el 7% eran analfabetos, frente al 1% de la población general. Del mismo modo, el 16% de las personas con discapacidad había conseguido en la misma fecha terminar la educación secundaria y el 12%, estudios superiores (24 y 26% de la población general, respectivamente).
En este punto, Pereda precisó que si se tiene en cuenta que la discapacidad sobrevino a la mayoría de la población analizada después de cumplir los 16 años, es fácil concluir que el déficit escolar no se debe tanto a la discapacidad misma como a la extracción social precaria de sus familias. De hecho, añadió, las personas con discapacidad que viven en hogares con una renta superior a 2.500 euros al mes han terminado estudios superiores en una proporción mayor (37%) a la media de la población general (26%).
Fuente: Servimedia
El trabajo se ha realizado a partir de la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) de 2008 y se ha presentado este jueves en Madrid. Señala, concretamente, que la tasa de discapacidades en los hogares españoles con ingresos inferiores a los 1.000 euros mensuales es del 8,4%, casi cuatro veces superior a la registrada en las familias que viven con más de 2.500 euros al mes, que se sitúa en el 2,4%.
Tal y como indicó en la presentación del informe Carlos Pereda, uno de sus autores, hay una correlación sistemática entre dos variables: a menos renta del hogar, mayor tasa de discapacidades. Y es que, explicó el autor del libro, hay discapacidades que proceden de enfermedades y las enfermedades requieren de cuidados y atenciones de los que los ciudadanos con rentas bajas no siempre disponen, o, al menos, no en la medida que sería necesario.
Pereda apuntó también que, pese a la "importante renta" aportada por más de un millón de pensiones de incapacidad, que percibe el 75% del colectivo, los ingresos medios por hogar son un 25% más bajos que en las familias sin discapacidad, ya que esas aportaciones no compensan la baja tasa de actividad que se registra en el grupo social de la discapacidad. Dentro de este aspecto, el de los ingresos y el empleo de las personas con discapacidad, el autor subrayó la desigualdad entre hombres y mujeres y afirmó que es una "de las más elevadas de la Unión Europea".
Con respecto al empleo, los autores del trabajo estiman que la tasa de paro de las personas con discapacidad era del 40% en 2011, el doble que la media de la población. También es más elevado entre estos ciudadanos el paro de larga duración -más de un año seguido buscando empleo- (57%) que entre la población desocupada en general (21%). En cuanto al tipo de empleo, las personas con discapacidad se concentran en mayor proporción en el tramo de los trabajos no cualificados, como limpieza, peonaje o conserjes, entre otros, y están menos presentes en los que requieren mayor cualificación (dirección de empresas o de la administración pública, técnicos y profesionales).
Otro hecho que constata este trabajo es el bajo nivel educativo que, en general, tiene el colectivo de personas con discapacidad. Del millón y medio de ciudadanos en edad laboral en 2008, el 7% eran analfabetos, frente al 1% de la población general. Del mismo modo, el 16% de las personas con discapacidad había conseguido en la misma fecha terminar la educación secundaria y el 12%, estudios superiores (24 y 26% de la población general, respectivamente).
En este punto, Pereda precisó que si se tiene en cuenta que la discapacidad sobrevino a la mayoría de la población analizada después de cumplir los 16 años, es fácil concluir que el déficit escolar no se debe tanto a la discapacidad misma como a la extracción social precaria de sus familias. De hecho, añadió, las personas con discapacidad que viven en hogares con una renta superior a 2.500 euros al mes han terminado estudios superiores en una proporción mayor (37%) a la media de la población general (26%).
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