El joven atropellado en la autopista AP-7 era un solicitante de asilo a quien se le había impedido entrar en territorio peninsular a pesar de tener permiso de residencia

El joven que murió el lunes 3 de mayo atropellado tras caerse de los bajos de un camión era un solicitante de asilo admitido a trámite y a quien los responsables de la Delegación de Gobierno en Ceuta habían impedido trasladarse a la península, a pesar de tener permiso para circular y residir en todo el territorio nacional. El fallecido había presentado una denuncia en los juzgados ceutíes contra esta vulneración de su derecho a la libre circulación.

Abdoulaye Kone murió atropellado en la autopista AP-7 a la altura del municipio malagueño de Manilva, tras caer de los bajos del camión en el que viajaba escondido. Tenía veinte años y había huido de Costa de Marfil, su país de origen, después de que su madre fuera asesinada y de haber sido secuestrado y ‘preparado’ para ser niño soldado por un grupo armado. Kone pidió asilo en Ceuta en octubre de 2009 y desde entonces se encontraba en el CETI de dicha ciudad.  Al admitirse a trámite su solicitud de protección internacional, se le entregó la documentación que le acredita como solicitante de asilo en España y que le permite permanecer en todo el territorio nacional, al amparo del artículo 13.2 del RD 203/1995. 

CEAR ha presentado en los últimos meses varias denuncias ante la Administración y los juzgados porque a los demandantes de asilo de Ceuta y Melilla se les impide entrar a la península a pesar de que sus solicitudes hayan sido admitidas a trámite y por tanto se encuentran documentados por el Ministerio de Interior. La autorización de residencia que se otorga a los solicitantes de asilo admitidos a trámite es válida para todo el territorio nacional, como consta en el reverso de su documento de identidad. 

Tras las quejas de los interesados, de CEAR y otras organizaciones sociales, el Defensor del Pueblo pidió información a la Administración sobre dicho impedimento de viajar a territorio peninsular español, y concluyó que “a juicio de esta Institución, la explicación ofrecida en el informe recibido no resulta suficiente para impedir la libre circulación dentro del nacional de los solicitantes de asilo que han visto admitida dicha solicitud”, por lo que la oficina del Defensor del Pueblo ha abierto una investigación.