Las cárceles del Reino Unido albergaban en diciembre del 2009 a 84.231 personas, de las que solo 11.546 eran extranjeras. La inmensa mayoría, el 86,28%, son nacionales del Reino Unido. Eso no ha impedido que parte de la población y de la prensa asocie a los inmigrantes con la delincuencia.
El ultraderechista BNP ha explotado continuamente esa baza, destacando los crímenes cometidos por extranjeros. Su propuesta es simplemente deportar a todos los inmigrantes que cometan delitos. Pero el actual Gobierno laborista tampoco ha flaqueado en ese sentido. En el 2008, el responsable de la Agencia de Fronteras e Inmigración se jactó de que su departamento expulsaba «a ocho personas por minuto», cerca de «64.000 al año». Por esas mismas fechas también se supo que unos veinte expulsados al año tenían que ser readmitidos por errores en el procedimiento empleado, y que cada deportación costaba al Gobierno un dineral, alrededor de 11.000 libras. La política de expulsiones ha provocado mucha controversia, rompiendo la tradicional imagen del Reino Unido como lugar de refugio, ya que incluso han sido deportados ciudadanos que previamente habían solicitado asilo político.
Pese a los estereotipos, los expertos afirman que los inmigrantes que llegan al Reino Unido tienen un nivel de formación «elevado». El profesor Javier Ortega, de la City University, señala sobre este particular que «una parte de los que llegan trabajan efectivamente en la construcción, pero también hay bastantes inmigrantes que ocupan puestos en la City».
Publicado en el diario La Voz de Galicia
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