En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional constata que este año se ha producido un aumento espectacular del número de personas –muchas de ellas empobrecidas– ejecutadas por delitos de drogas en Irán. En dicho informe, titulado Addicted to Death: Executions for Drug Offences in Iran (Adictos a la muerte: ejecuciones por delitos de droga en Irán), la organización concluye que al menos 488 personas han sido ejecutadas por presuntos delitos de drogas hasta el momento en 2011, casi el triple que la cifra de 2009, cuando se registraron al menos 166 ejecuciones por delitos similares.
En total el informe refleja unas 600 ejecuciones entre los informes de fuentes oficiales y no oficiales, así como que los delitos de drogas han constituido aproximadamente el 81% de esas ejecuciones. La ONG autora del este ha pedido a las autoridades iraníes que dejen de utilizar la pena de muerte contra personas acusadas de delitos de drogas.
"Para tratar de contener el inmenso problema de las drogas, las autoridades iraníes han emprendido una oleada de ejecuciones de proporciones descomunales, pese a que no existen pruebas que demuestren que la ejecución tenga un efecto disuasorio respecto al narcotráfico más efectivo que el del encarcelamiento", ha manifestado Ann Harrison, directora adjunta provisional del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
"Los delitos de drogas tienen mucho que ver en el brusco aumento de las ejecuciones presenciado en los últimos 18 meses. En última instancia, Irán debe abolir la pena de muerte para todos los delitos, pero el poner fin a la práctica de ejecutar a personas declaradas culpables de delitos de drogas –una práctica contraria al derecho internacional– reduciría significativamente, como primer paso, la cifra total de ejecuciones".
Según ha manifestado Amnistía Internacional, hacia mediados de 2010 la organización empezó a recibir informes fidedignos de que estaba teniendo lugar una nueva oleada de ejecuciones por delitos de drogas. Entre ellos había informes que señalaban las ejecuciones colectivas que se estaban llevando a cabo en la Prisión de Vakilabad, en Mashhad: en una de esas ejecuciones –llevada a cabo el 4 de agosto de 2010– se dio muerte a más de 89 personas.
Las autoridades iraníes reconocieron oficialmente 253 ejecuciones en 2010, de las que 172 –casi el 68% del total– eran por delitos de drogas. Sin embargo, Amnistía Internacional recibió informes sobre otras 300 ejecuciones, la inmensa mayoría –según se cree– por delitos relacionados con las drogas. En casi todos los casos, las ejecuciones fueron consecuencia de juicios flagrantemente injustos, y a las familias y los abogados de los acusados apenas se les avisó –o no se les avisó en absoluto– de que se iban a llevar a cabo. Quienes más peligro corren de ser ejecutados por delitos de drogas son los miembros de grupos marginados, como por ejemplo las comunidades empobrecidas, las minorías étnicas que sufren discriminación, y los ciudadanos extranjeros, especialmente los afganos.
Mohammad Jangali, camionero de 38 años de la minoría kouresuní, una pequeña comunidad suní de la minoría azerbaiyana predominantemente chií, fue ejecutado el 10 de octubre de 2011 después de que en 2008 se encontraran drogas en el camión que conducía cerca de Oroumieh. Se cree que firmó bajo coacción, y tras ser torturado, una "confesión" elaborada por el Ministerio de Inteligencia.
Amnistía Internacional ha manifestado que, en los pabellones de condenados a muerte de Irán, hay hasta 4.000 ciudadanos afganos condenados por delitos de drogas. Al parecer, el sistema judicial los trata especialmente mal. Según afirma la organización, ha recibido informes sobre afganos que han sido ejecutados sin ser sometidos a procesamiento alguno, y que conocieron su ejecución inminente a través de las autoridades penitenciarias. Irán cuenta con el cuarto índice más alto del mundo de ejecuciones por delitos de drogas –91 por millón para personas de entre 15 y 64 años–, y es una importante ruta de tránsito internacional para el narcotráfico. En los últimos años ha recibido ayuda internacional, de varios países europeos y de las Naciones Unidas entre otros, para erradicar el paso de drogas a través de sus fronteras.
La Unión Europea proporciona 9,5 millones de euros a lo largo de tres años para un proyecto con sede en Irán destinado a fortalecer la cooperación antinarcóticos regional. El proyecto cuenta con la ayuda de la Policía Federal alemana para el establecimiento de laboratorios forenses en la región. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha proporcionado 22 millones de dólares estadounidenses desde 2005 para respaldar proyectos de formación dirigidos a las fuerzas antinarcóticos iraníes. Bélgica, Francia, Irlanda y Japón han contribuido anteriormente a un programa de perros rastreadores establecido por la ONUDD. La ONUDD ha proporcionado también a Irán equipos de detección de drogas. Noruega, Dinamarca y Alemania se han comprometido a proporcionar fondos entre 2011 y 2014 para respaldar el programa de cooperación técnica de la ONUDD sobre drogas y delincuencia en Irán.
Se supone que el programa de la ONU incluye trabajo para promover la reforma del sistema de justicia iraní y ayudar a conformarlo con las normas internacionales. Sin embargo, en una visita realizada en julio de 2011 a Irán, el director ejecutivo de la ONUDD alabó el trabajo antinarcóticos de Irán sin mencionar la creciente aplicación de la pena de muerte para los delitos de drogas.
"Todos los países y organizaciones internacionales que ayudan a las autoridades iraníes a detener a más personas por presuntos delitos de drogas deben examinar cuidadosamente el impacto potencial de esa ayuda y estudiar qué pueden hacer para detener esta oleada de ejecuciones", ha manifestado Ann Harrison. "No pueden limitarse a mirar hacia otro lado mientras cientos de personas empobrecidas son ejecutadas cada año sin un juicio justo, algunas sin conocer siquiera la suerte que les espera hasta unas horas antes de morir".
Publicado en el diario El Mundo
En total el informe refleja unas 600 ejecuciones entre los informes de fuentes oficiales y no oficiales, así como que los delitos de drogas han constituido aproximadamente el 81% de esas ejecuciones. La ONG autora del este ha pedido a las autoridades iraníes que dejen de utilizar la pena de muerte contra personas acusadas de delitos de drogas.
"Para tratar de contener el inmenso problema de las drogas, las autoridades iraníes han emprendido una oleada de ejecuciones de proporciones descomunales, pese a que no existen pruebas que demuestren que la ejecución tenga un efecto disuasorio respecto al narcotráfico más efectivo que el del encarcelamiento", ha manifestado Ann Harrison, directora adjunta provisional del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
"Los delitos de drogas tienen mucho que ver en el brusco aumento de las ejecuciones presenciado en los últimos 18 meses. En última instancia, Irán debe abolir la pena de muerte para todos los delitos, pero el poner fin a la práctica de ejecutar a personas declaradas culpables de delitos de drogas –una práctica contraria al derecho internacional– reduciría significativamente, como primer paso, la cifra total de ejecuciones".
Según ha manifestado Amnistía Internacional, hacia mediados de 2010 la organización empezó a recibir informes fidedignos de que estaba teniendo lugar una nueva oleada de ejecuciones por delitos de drogas. Entre ellos había informes que señalaban las ejecuciones colectivas que se estaban llevando a cabo en la Prisión de Vakilabad, en Mashhad: en una de esas ejecuciones –llevada a cabo el 4 de agosto de 2010– se dio muerte a más de 89 personas.
Las autoridades iraníes reconocieron oficialmente 253 ejecuciones en 2010, de las que 172 –casi el 68% del total– eran por delitos de drogas. Sin embargo, Amnistía Internacional recibió informes sobre otras 300 ejecuciones, la inmensa mayoría –según se cree– por delitos relacionados con las drogas. En casi todos los casos, las ejecuciones fueron consecuencia de juicios flagrantemente injustos, y a las familias y los abogados de los acusados apenas se les avisó –o no se les avisó en absoluto– de que se iban a llevar a cabo. Quienes más peligro corren de ser ejecutados por delitos de drogas son los miembros de grupos marginados, como por ejemplo las comunidades empobrecidas, las minorías étnicas que sufren discriminación, y los ciudadanos extranjeros, especialmente los afganos.
Mohammad Jangali, camionero de 38 años de la minoría kouresuní, una pequeña comunidad suní de la minoría azerbaiyana predominantemente chií, fue ejecutado el 10 de octubre de 2011 después de que en 2008 se encontraran drogas en el camión que conducía cerca de Oroumieh. Se cree que firmó bajo coacción, y tras ser torturado, una "confesión" elaborada por el Ministerio de Inteligencia.
Amnistía Internacional ha manifestado que, en los pabellones de condenados a muerte de Irán, hay hasta 4.000 ciudadanos afganos condenados por delitos de drogas. Al parecer, el sistema judicial los trata especialmente mal. Según afirma la organización, ha recibido informes sobre afganos que han sido ejecutados sin ser sometidos a procesamiento alguno, y que conocieron su ejecución inminente a través de las autoridades penitenciarias. Irán cuenta con el cuarto índice más alto del mundo de ejecuciones por delitos de drogas –91 por millón para personas de entre 15 y 64 años–, y es una importante ruta de tránsito internacional para el narcotráfico. En los últimos años ha recibido ayuda internacional, de varios países europeos y de las Naciones Unidas entre otros, para erradicar el paso de drogas a través de sus fronteras.
La Unión Europea proporciona 9,5 millones de euros a lo largo de tres años para un proyecto con sede en Irán destinado a fortalecer la cooperación antinarcóticos regional. El proyecto cuenta con la ayuda de la Policía Federal alemana para el establecimiento de laboratorios forenses en la región. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha proporcionado 22 millones de dólares estadounidenses desde 2005 para respaldar proyectos de formación dirigidos a las fuerzas antinarcóticos iraníes. Bélgica, Francia, Irlanda y Japón han contribuido anteriormente a un programa de perros rastreadores establecido por la ONUDD. La ONUDD ha proporcionado también a Irán equipos de detección de drogas. Noruega, Dinamarca y Alemania se han comprometido a proporcionar fondos entre 2011 y 2014 para respaldar el programa de cooperación técnica de la ONUDD sobre drogas y delincuencia en Irán.
Se supone que el programa de la ONU incluye trabajo para promover la reforma del sistema de justicia iraní y ayudar a conformarlo con las normas internacionales. Sin embargo, en una visita realizada en julio de 2011 a Irán, el director ejecutivo de la ONUDD alabó el trabajo antinarcóticos de Irán sin mencionar la creciente aplicación de la pena de muerte para los delitos de drogas.
"Todos los países y organizaciones internacionales que ayudan a las autoridades iraníes a detener a más personas por presuntos delitos de drogas deben examinar cuidadosamente el impacto potencial de esa ayuda y estudiar qué pueden hacer para detener esta oleada de ejecuciones", ha manifestado Ann Harrison. "No pueden limitarse a mirar hacia otro lado mientras cientos de personas empobrecidas son ejecutadas cada año sin un juicio justo, algunas sin conocer siquiera la suerte que les espera hasta unas horas antes de morir".
Publicado en el diario El Mundo
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