Unidos bajo el lema 'Parad el racismo, no a las personas' Amnistía Internacional, las Brigadas de Observación Vecinales de Derechos Humanos, Pueblos Unidos, SOS Racismo y Women's Link Worldwide han querido darle voz a una problemática que, si bien es muy habitual, no es ni demasiado conocida ni lo suficientemente cuestionada por la sociedad.
La portavoz de Amnistía Internacional en España, María Serrano, explica que estar en situación irregular no es un delito, sino una infracción administrativa que equivale, por ejemplo, al impago de una multa. "Sin embargo, estas prácticas de identificación y detención está contribuyendo a criminalizar a las minorías étnicas y a los inmigrantes". Aunque el problema, subraya, no es una cuestión de racismo individual de quienes actúan movidos por la apariencia física de las personas, sino del sistema estructural para medir la eficacia del trabajo policial. "Los policías tienen que alcanzar unas determinadas cuotas de detenciones para que se dé por bueno su trabajo", cuenta. En las cifras que tienen que alcanzar, "suma igual" detener a una persona porque ha robado que porque no tiene los papeles de residencia en regla. Y según les han contado los propios sindicatos de la Policía, "hay más probabilidades de detener a un inmigrante, porque o bien se le pilla porque no tiene papeles o, con suerte, porque ha cometido algún delito".
La semana pasada el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Sheltty, se reunió con el Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, para tratar este tema. Ulloa le aseguró que ya había dado órdenes verbales para que estas prácticas discriminatorias dejaran de llevarse a cabo. María Serrano explica que ahora su misión es la de cerciorarse de que esto realmente ha sido así "porque los ciudadanos siguen presentando denuncias que cuestionan que se haya terminado". Además, solicitan revisar el sistema de eficacia policial para evitar que se fomenten los controles de identidad basados en la raza, ayudar a su erradicación con una ley que prohíba expresamente su práctica y dejar de intimidar a las personas que los documentan de forma pacífica.
"Desafortunadamente -concluye Serrano- este es un hecho extendido en la Unión Europea, y el problema en todos los países en los que sucede es siempre una cuestión institucional. Nosotros queremos hacer ver que existen otras formas de ejercer este control sin que por ello se incurra en la discriminación racial o étnica". Además de la prohibición por ley, proponen una formación integral de los miembros de la Policía. "Sería muy positivo que estudiaran con exahustividad la legislación internacional o conocieran en profundidad la normativa relativa Derechos Humanos" para que pudieran "desarrollar con mayor realismo su labor en una sociedad que ya es diversa".
Publicado en el diario El Mundo
Autor: María Cappa
Foto: EFE
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