"Si te preguntan, comenta que tuviste un accidente, pero no digas nada de la empresa". La advertencia procedía del hijo del jefe de una panificadora en Real de Gandia (Valencia) a uno de sus empleados, el inmigrante boliviano Franns Rilles Melgar Vargas, de 33 años, al que la máquina de amasar acababa de seccionar el brazo izquierdo cuando intentaba recoger un papel que se había caído dentro de la masa. Franns Rilles no tenía papeles ni contrato.Rápidamente, el hijo del dueño de la empresa le subió a su vehículo para trasladarle al hospital Francesc de Borja de Gandia. Pero no llegó a la puerta. Cuando estaban a unos 200 metros, le obligó a bajarse y fue entonces cuando le advirtió de que no diera detalles de lo sucedido, especialmente de dónde había ocurrido, según denuncian Franns y su familia. “El empresario no tenía permisos, ni licencias, ni hacía contratos”, relataba ayer Silvia, la hermana de Franns. Los empleados trabajaban en condiciones de “explotación pura y dura”, según el responsable de Comisiones Obreras de la comarca, Josep Antoni Carrascosa. Franns Riles estaba empleado de forma irregular, sin cobertura de ningún tipo y trabajaba 12 horas al día por un sueldo que no llegaba a 700 euros al mes, según han denunciado.
Si vinculaban el accidente con su negocio, el empresario tendría problemas. Por eso, además de advertirle a Franns que guardara silencio, los responsables de la empresa tomaron otras medidas. “Limpiaron todo para no dejar restos”, afirma Silvia. Y tiraron el brazo a la basura.
Juan Rovira, responsable de la panificadora familiar, reconoció ayer a El País que se deshicieron de la extremidad amputada: “Mi hijo me dijo que estaba en tan mal estado que lo metieron en bolsas y lo tiraron a la basura”, confirmó. Los hechos sucedieron el 28 de mayo, pero no se conocieron hasta ayer, cuando el diario Levante publicó la denuncia que CC.OO. había presentado por el suceso. El sindicato ha llevado el caso a la fiscalía de salud laboral y a la Inspección de Trabajo. Mientras, Franns Rilles se recupera en una habitación del hospital Virgen del Consuelo de Valencia.
En plena calle, y con el hombro ensangrentado, una persona lo acompañó hasta la sala de urgencias del centro sanitario de Gandia, donde, siguiendo las instrucciones de su jefe, al principio, Franns no aclaró la causa del accidente. Pero no pudo ocultarlo mucho tiempo. Debido a la inconsistencia de su relato, los médicos llamaron a la policía y fue entonces cuando explicó cómo había perdido el brazo y, sobre todo, dónde estaba. Esta información era vital para intentar volver a implantárselo, la primera opción que barajó el equipo sanitario. La Guardia Civil se desplazó hasta el lugar del accidente para recuperarlo. Mientras, se localizó a un cirujano especializado en este tipo de injertos y se condujo al paciente al hospital privado Virgen del Consuelo de Valencia, pero se desechó la idea de reimplantarle el brazo porque cuando encontraron el miembro amputado, vieron que estaba en muy mal estado.
Tanto la hermana de Franns, como CC.OO., están pensando en presentar otra denuncia por denegación de auxilio. La Guardia Civil tomó declaración a los dos empresarios en mayo, y los dejó en libertad. También dio parte al juzgado, aunque ayer aún no había ninguna causa abierta al respecto, según indicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Valencia a Europa Press.
Juan Rovira, responsable de la empresa, asegura que el trabajador “miente”, que su hijo le trasladó al hospital de Gandia y “le dejó en manos”, asegura, “del personal de urgencias”. Afirma que su hijo sufrió “un ataque de nervios” y tuvo que ser atendido en el mismo centro. El empresario sí admite que Franns “se encontraba en situación ilegal” y sin contrato. Pero niega que percibiera 23 euros al día por jornadas de 12 horas, como denuncia el trabajador. “Cobran entre 900 y 1.000 euros al mes, y las jornadas son de seis a diez horas”, aseguró. Rovira mantiene que Franns “se encontraba ebrio” cuando ocurrió el accidente. Los responsables de la panificadora dicen estar “tranquilos”.
