Más de 17 países siguen reclutando a niños soldado

"Mi fusil era el mejor juguete que había tenido en mis manos", recuerda Manuel, de 17 años. Formó parte de las milicias de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y hoy trata de salir del agujero donde le introdujeron: está en proceso de reinserción en un centro salesiano. Más de 17 países reclutan a "niños soldado". Una grave vulneración de los derechos humanos de la infancia que, según advierten diversas ONG, continuará si no se apuesta por erradicar esta práctica y por rehabilitar a los menores.

Afganistán, Chad, Colombia, Filipinas, India, Irak, Libia, Mali, Myanmar, Pakistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tailandia y Yemen, son los estados señalados. Malí ha sido el último en sumarse al grupo de países que mantiene la esclavitud de más de 300.000 niños y niñas para utilizarlos en conflictos bélicos, según organismos internacionales. No obstante, las organizaciones sociales denuncian la inexactitud de los datos sobre el número de niños y niñas soldado en el mundo. Las ONG Alboan, Amnistía Internacional, Entreculturas, Fundación El Compromiso y Save the Children explican a través de un comunicado que continúan siendo incompletos.

"Tenemos que lamentar el retroceso que supone el aumento del número de países que reclutan menores soldado. Amnistía Internacional pudo constatar el pasado mes de enero cómo grupos islamistas armados están reclutando menores de entre 10 y 17 años", explica Carlos Sanguino, responsable del trabajo sobre menores de Amnistía Internacional. También Misiones Salesianas ha constatado que Mali y Costa de Marfil realizan estos reclutamientos. "Estos menores sólo han conocido la violencia y así resuelven sus conflictos" y por tanto su reinserción a la vida civil no es sencilla, explican misioneros salesianos que trabajan en Goma, donde viven más de 100 menores ex combatientes.

Un informe denuncia que España vendió armas a Gadafi violando la legislación

España vendió al Gobierno libio material de defensa -aeronaves y equipos de formación de imagen- por un valor de 6,9 millones de euros en el primer semestre de 2010 violando el artículo 8 de la Ley 53/2007 de Comercio de Armas, según ha denunciado este viernes la coalición 'Armas bajo control' durante la presentación de un informe sobre este mercado.

ONG acusan al Gobierno de exportar armas a países en conflicto

Las organizaciones Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam han denunciado que el Gobierno español "sigue sin aplicar la Ley 53/2007, que regula el comercio exterior de armamento y material de doble uso". Además, acusaron al Ejecutivo de "vender en 2009 material de defensa a países donde no se respetan los derechos humanos como Colombia, Marruecos, Sri Lanka, Tailandia y Guinea Conakry". Así, indicaron que, según los datos del primer semestre del año pasado, aportados por el Ministerio de Comercio, "España exportó material de defensa por valor de 411,1 millones de euros, lo que supone un aumento del 64,5% sobre el mismo periodo del año anterior". Por ello, las organizaciones reclaman al Gobierno que explique los criterios que utiliza para autorizar esas ventas y evaluar la situación de los países de destino.

La Ley 53/2007 regula estas ventas, y establece que no se autorizarán transferencias a lugares donde estas armas puedan ser utilizadas para cometer violaciones de los derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario, donde haya riesgo de desvío a otros países. "Pese a ello, se han seguido produciendo exportaciones a destinos preocupantes como Marruecos, con 29,5 millones de euros; Colombia con 31 millones; Arabia Saudí, con casi 5 millones, y otros como Paquistán, Sri Lanka o Tailandia", aseguraron las cuatro organizaciones.

Por último, las ONG reclamaron al Gobierno "que explique si ha autorizado o va a autorizar la venta de tecnología e ingeniería de aviones no tripulados a la compañía israelí Goldtech Technologies, por parte de la empresa española Aries, Ingeniería y Sistemas", que según destacaron, "firmaron un acuerdo en 2009".

Fuente: Europa Press
Foto: EFE

Colombia debate la despenalización de la marihuana

El Ministerio de Interior colombiano, en la presentación del balance de la Comisión sobre Drogas y Democracia, afirmó ayer a través de un portavoz que "despenalizar la marihuana sería contraproducente en la lucha contra el narcotráfico", porque "las políticas represivas contra las drogas siempre han sido insuficientes".

Si bien el Gobierno colombiano admite que se propiciar el debate, que incluye ver la parte del consumo del narcotráfico como un asunto de salud pública, también asegura que resulta insuficiente focalizar el problema en lo que es la salud y la reducción de la demanda. Para la Comisión, la evidencia ha demostrado que los daños que produce la marihuana son similares a los del tabaco y el alcohol. Por ello, el organismo sugiere evaluar la idea de admitirla y minimizar sus efectos con campañas educativas.

Pero para el Ministerio, Colombia no puede asumir una postura permisiva frente al consumo interno porque justamente ello es lo que incentiva la oferta. De hecho, el Gobierno recalca que es necesario incluso atacar el derecho a la dosis personal, porque en un país productor como Colombia esa permisividad facilita el acceso a las drogas, favorece la creación de micro comercios, dificulta el control y reduce los alcances de la prevención.

Según el Ejecutivo colombiano, en los últimos 10 años se han decomisado 1.258 toneladas de cocaína, que significan en promedio 344 kilos diarios; 1.344 toneladas de marihuana; es decir, 368 kilos al día; así como 6,8 toneladas de heroína. Solo en lo corrido del año ya han sido decomisadas cerca de 6 toneladas de cocaína. La Comisión, que dice que es una guerra perdida y que hay que cambiar la estrategia, concluye que las políticas públicas deben enfocarse es a reprimir la violencia, la corrupción, el lavado de dinero y el tráfico de armas, delitos que están directamente relacionados con los traficantes. Y agrega que la represión está asociada a prejuicios y temores que encierra a los consumidores en un círculo cerrado haciéndolos blanco del crimen organizado.

Publicado en el diario El Tiempo (Colombia)

La ONU ratifica un tratado para controlar el comercio de armas

Un total de 147 Estados miembros de Naciones Unidas han apoyado la continuidad del proceso de creación de un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas (TCA). La campaña Armas bajo Control, que representa a millones de activistas, hace un llamamiento a los Estados para que garanticen un tratado efectivo basado en los derechos humanos y el desarrollo. En concreto, 145 países votaron el Tratado y dos estados añadieron su voto a posteriori, un número notablemente superior a los 139 Estados que en octubre de 2006 respaldaron el inicio del proceso.

El voto fue particularmente contundente por parte de África, Sudamérica, Centroamérica y Europa, e "indica la apremiante necesidad de mayores controles sobre el comercio de armas exigidos tanto por los países más afectados por la violencia armada como por los mayores exportadores de armas", según los miembros de la campaña.

Miles de muertes diarias
Tan sólo Estados Unidos y Zimbabwe han votado en contra, ignorando el consenso mundial hacia un TCA. Cada día, más de 1.000 personas mueren a causa de las armas de fuego y otros miles más mueren por causas indirectas derivadas de la violencia armada. Desde que Naciones Unidas inició el proceso en diciembre de 2006, unas 695.000 personas han muerto por estas causas.

Brian Wood, representante de Amnistía Internacional, ha manifestado que "con la esta votación "el mundo ha dado un gran paso hacia un Tratado sobre Comercio de Armas basado en los derechos humanos". Wood añadió que es lamentable que los gobiernos de Estados Unidos y Zimbabwe hayan votado en contra de un Tratado que podría salvar tantas vidas".

Para Anna Macdonald de Oxfam Internacional, "ahora que la mayoría de los gobiernos apoyan el Tratado sobre Comercio de Armas, deben actuar con urgencia para que sea una realidad".

Por su parte, Mark Marge de IANSA ha afirmado: "Este voto representa una victoria para los miles de activistas de todo el mundo", pero hay que seguir presionando a los gobiernos "para que se avance en la implementación de un tratado contundente y legalmente vinculante".