Las imágenes dieron la vuelta al mundo e hicieron recordar a los sudafricanos los episodios más violentos del apartheid, el régimen de segregación racial impuesto por la minoría blanca hasta 1994, como la masacre de Shaperville de 1960, en la que 69 personas murieron a manos de la Policía, o la matanza de estudiantes de Soweto de 1976. La comisión de investigación de la masacre, designada por el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, trata de esclarecer estos días las circunstancias de las 46 muertes acaecidas durante la sangrienta huelga de Marikana y la actuación de la Policía en el tiroteo que acabó con la vida de 34 mineros.
Pero más allá de las apariencias, la represión policial de las protestas en la comarca minera de Rustenburg, incendiada por la huelgas tras el conflicto laboral en la mina de platino de Lonmin de Marikana, muestra la utilización de unos métodos que Sudáfrica creía haber enterrado con el desmantelamiento del apartheid. La población negra sigue sin beneficiarse del desarrollo a pesar de la llegada del CNA al poder El uso de fuerza letal por parte de la Policía ha crecido al mismo ritmo que las protestas por la falta de servicios básicos y en demanda de mejoras laborales de la población negra, excluida aún de los beneficios del desarrollo económico dieciocho años después de que el Congreso Nacional Africano (CNA) alcanzara la Presidencia de Sudáfrica de la mano de Nelson Mandela.
Las consignas de "disparar a matar" y las muertes de supuestos criminales a manos de la Policía han encontrado, sin embargo, el respaldo mayoritario de la población de Sudáfrica, uno de los países con mayor tasa de asesinatos del planeta, con 42 homicidios diarios, según las estadísticas de 2011. "Marikana fue la confirmación definitiva", asegura David Bruce, investigador independiente en Criminología y Policía y colaborador habitual de la prensa sudafricana. Desde septiembre de 2010, al menos 50 personas han muerto como resultado de la represión policial de manifestaciones, incluidos los 34 mineros acribillados en Marikana y otras once personas entre febrero y junio de 2011.
Los métodos de los agentes incluyen supuestamente el uso de munición real y de balas de goma, que pueden resultar letales si se disparan directamente al cuerpo y a corta distancia. De acuerdo con los datos del Directorio Independiente de Investigación de Policía (IPID, por sus siglas en inglés), un total de 2.206 personas murieron como consecuencia de la acción policial en los últimos cuatro años. Casi 150 supuestos delincuentes murieron cuando trataban de escapar; 154 fallecieron en accidentes de tráfico bajo custodia policial y más de 200 murieron en el transcurso de la investigación de un crimen.
En su informe sobre Sudáfrica de 2011, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoce problemas en la protección de los derechos humanos, en concreto en el "uso excesivo de la fuerza letal de la Policía y en torturas contra detenidos y sospechosos con el resultado de muertes y lesiones (…), arrestos arbitrarios y la dispersión de manifestaciones". "Me preguntas si la Policía sudafricana es como la del apartheid. Yo te digo que es peor. Si ves las cifras actuales de muertos, verás que son superiores. Solo durante las insurrecciones de 1976 y de 1985 a 1989 hubo más asesinatos, y ahora no estamos en ningún periodo de insurrección", asegura el investigador.
David Bruce dibuja una tabla con las prácticas comunes de la Policía del apartheid: ejecuciones extrajudiciales de carácter político, ejecuciones extrajudiciales de supuestos criminales, torturas por razones políticas, torturas a delincuentes y asesinatos de manifestantes durante protestas contra el régimen. "En la actualidad hay indicios de ejecuciones extrajudiciales de carácter político y hay constancia de asesinatos de supuestos criminales; las torturas por razones políticas son aisladas, pero las palizas a criminales son frecuentes".
El Gobierno, sin embargo, defiende en la comisión que hizo todo lo posible por negociar con los mineros de Marikana y que dejaran sus armas voluntariamente antes de utilizar la fuerza. La Policía esgrime las muertes de diez personas, entre ellos dos policías y dos guardias de seguridad de Lonmin, que fueron asesinados antes de la masacre policial, para justificar la amenaza que suponían los mineros para los agentes y otros trabajadores.
Mark Heywood, director de la ONG Section 27, integrante de la Campaña de Solidaridad con Marikana, que agrupa a distintas organizaciones de la sociedad civil, prefiere ser más cauto. "En este país hay tres casos de violencia diaria ligada a la Policía, pero no tenemos pruebas de una utilización política como en el apartheid". "No soy partidario de teorías de conspiración; lo que está claro es que hay una falta de control sobre la Policía y una falta de liderazgo y entrenamiento de los agentes", asegura Heywood. "Afortunadamente estamos en democracia, tenemos una sociedad civil vigilante y buenos medios de comunicación, por lo que creo que no lleguemos a retornar a los tiempos del apartheid", añade. "La mejor prueba de ello es la comisión de Marikana", concluye.
En diciembre de 2011, el diario sudafricano Sunday Times destapó la existencia de un escuadrón de la muerte que operaba con impunidad desde la comisaría de Cato Manor, en la provincia oriental de Kwazulu-Natal. Tras las revelaciones del periódico, la Policía detuvo a 30 agentes, acusados de 19 asesinatos, un intento de homicidio, nueve allanamientos de morada y tres agresiones graves, entre otros tantos cargos, perpetrados entre mayo de 2008 y septiembre de 2011. El 30 de septiembre de este año, el IPID anunció la apertura de una investigación interna ante las sospechas de que un nuevo escuadrón de la muerte operaba en el sur de Durban, la misma zona de actuación que la desarticulada unidad de Cato Manor.
David Bruce está convencido del trasfondo político de la masacre de Marikana y del uso premeditado de la fuerza extrema por parte de la Policía en la jornada del 16 de agosto, cuando 34 mineros fueron acribillados por los agentes al tratar de rebasar un cordón policial. El abogado George Bizos, que defendió a Nelson Mandela en el famoso juicio de Rivonia de 1963 y que representa a varias de las familias de las víctimas, se propone demostrar también en la comisión que la Policía tenía intención de disparar a los mineros. Los informes periciales presentados ante la comisión judicial de investigación designada por Zuma revelan que solo 16 mineros murieron en el tiroteo que presenciaron las cámaras de televisión, mientras que otras dieciocho personas fueron asesinadas supuestamente cuando trataban de huir o esconderse de los agentes.
Publicado en el diario ABC
Autor: Jaime Velázquez
Foto: AFP
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